¿Por qué, desde el gobierno federal, quieren estresar al sector de la vivienda?

Desde el primero de diciembre de 2013 se han tomado diversas acciones y cambios en la política de vivienda que parecieran que, desde el gobierno federa, tienen toda la intensión de estresar al sector de la vivienda. El primer cambio fue en la mencionada política de vivienda donde se elimino el enfoque en viviendas unifamiliares para privilegiar los multifamiliares y la construcción vertical de vivienda. Este cambio tuvo sus efectos en el flujo de efectivo de las constructoras de vivienda a tal grado que las tres más grandes tienen problemas de liquides y con serias dudas de poder continuar en la industria.

Otra de las reformas, que aún están en fase de propuesta, son las modificaciones a la ley del Infonavit derivadas de la creación del seguro por desempleo. Esta propuesta consiste en reducir las aportaciones patronales al Infonavit del actual 5% a un 2%, destinando la diferencia al seguro por desempleo. Con esto, los trabajadores tendrían mucho menos dinero para adquirir vivienda y las aportaciones subsecuentes para apoyar a la liquidación del crédito también serian reducidas. Esta medida castiga a una institución que en los últimos años ha evolucionado a favor de los trabajadores y ha tenido un manejo efectivo de los recursos captados. En otras palabras, de aprobarse las reformas habría menos dinero para adquirir casas.

Las modificaciones a la ley del Impuesto al Valor Agregado que pretenden gravar con 16% la venta de casas habitación, las comisiones por apertura de créditos y los intereses que generen dichos créditos aumentan la presión sobre el sector de la vivienda. Esto encarecerá la vivienda, alejando la posibilidad de acceder a un hogar a muchos de los trabajadores que requieren de un crédito.

Con estas tres medidas, el gobierno federal está sembrando para cosechar una tormenta perfecta en el corto plazo. Casas pequeñas y en condominio, menos dinero para créditos y créditos más caros generaran presiones en el sector, pues menos personas compraran viviendas, las que las adquieran tendrán la sensación de pagar demasiado por tan poco y el grado de insatisfacción social aumentara exponencialmente.

La pregunta subyacente es ¿Por qué meter en problemas a un sector fundamental para la satisfacción social? La política debería ser abaratar costos de trámites, fijar mínimos de construcción y terrenos (los actuales 48 metros cuadrados de construcción son criminales) y dar facilidades fiscales para deducir los gastos relacionados con la adquisición de viviendas. Todo lo anterior para estimular un sector detonante de la economía y que está luchando por recuperarse desde 2008.

Un pueblo con vivienda digna es feliz y contribuye a una mejor vida social, no sembremos insatisfacción si no queremos una crisis. Tal vez es lo que el gobierno federal quiere, una crisis de fin de sexenio.