En noviembre de 2014, un equipo de investigación periodística
encabezado por Carmen Aristegui sacó a la luz la compra de una casa valuada en
7 millones de dólares por parte de la primera dama Angélica Rivera. En ese
entonces, muchos de los personajes que actualmente están en el gobierno
celebraron, extinguieron y usaron como botín político un posible conflicto de
intereses y cuestionaron la capacidad económica de una actriz para comprar
semejante propiedad. Llamaron, incluso, a que todo el gabinete revelara sus
bienes y los hicieran públicos. Culpaban a los funcionarios del gobierno de
corruptos por tener bienes materiales.
Desde que inicio el gobierno del presidente López, se han suscitado
escandalo tras escandalo inmobiliario, empezando por Manuel Bartlett hasta el más
reciente con Eréndira Sandoval, el primero con 23 propiedades y la segunda con,
al menos, 6. El signo de los escándalos en este gobierno parece ser el
inmobiliario. Cosechan lo que sembraron y con creces. Ellos sembraron la idea
de que tener propiedades es sinónimo de corrupción, aunque las adquieras legal
y justificadamente, así como tus ingresos te permitan realizar dichas
transacciones económicas.
En el caso de la secretaria de la Función Pública es mucho más
grave la situación, pues el monto de los bienes no se puede justificar con el
ingreso que ella y su marido percibían al momento de adquirirlos. Además, haber
sido beneficiada con la donación de un terreno por parte del gobierno de la Ciudad
de México no tiene justificación y si mucha sospecha de pago de cuentas. El
trabajo que realiza esta secretaría es de vital importancia para combatir a la corrupción,
lo que se complica si su titular esta bajo la sospecha de ser parte del problema.
Lo que más pena ajena da, es que aquellos que se rasgaban
las vestiduras en 2014 exigiendo transparencia en los bienes de los
funcionarios públicos y combate a la corrupción, son hoy los primeros en salir
a defender a quien tiene el mandato de investigar posibles actos de corrupción.
Planteo dos escenarios: Salieron a defenderla para tenerla de aliada y evitar
futuras investigaciones hacia ellos o ella los amagó con investigarlos si no salían
públicamente a defenderla. En cualquiera de los dos casos tenemos serios
problemas.
Prosperar honestamente, adquirir bienes y salir adelante con
las oportunidades honestas que la vida nos presente es causa de orgullo, no de corrupción
ni de escarnio. Este gobierno quiere que el pueblo sea pobre para tenernos
controlados con sus becas y ayudas, y no que seamos prósperos y libres. Sin
empresarios ni emprendedores no hay empleos ni pago de contribuciones, por lo
que el dinero que hoy derrochan se acabará en la misma proporción que sigan con
sus errores y cantaletas falsas de que ser pobre es bueno y tener bienes es por
ser corrupto.
Ya es hora de que se cumpla la ley en todos los bueyes, no
solo en los del compadre.
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